Por Gonzalo Martínez
Organizaciones civiles y políticos de oposición han advertido sobre una “militarización ilimitada” ante la reforma impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, la cual será discutida este jueves en la Cámara de Diputados y busca que el Ejército controle la Guardia Nacional.
La organización Causa en Común expresó en un comunicado que esta iniciativa pretende “normalizar constitucionalmente una esfera de acción ilimitada para las Fuerzas Armadas, sin importar que se trate de ámbitos civiles que no les corresponden, para los que no están preparadas y con responsabilidades que no podrán cumplir”.
Causa en Común, especializada en temas de seguridad, también acusó al Gobierno de López Obrador de “destruir a la Policía Federal y asfixiar a las policías locales para hacer de la militarización un hecho inevitable”.
La propuesta del presidente consiste en que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) asuma el control administrativo de la Guardia Nacional, un cuerpo de seguridad compuesto por más de 120 mil elementos que fue creado en 2019 bajo la promesa de mantenerlo como una fuerza civil.
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) advirtió que “si la iniciativa prospera, será un paso sin retorno hacia la militarización”. El Centro Prodh argumentó que “el aumento del poder militar que generará esta reforma es innegable” y que esto se extiende más allá de la Guardia Nacional, sin que se hayan diseñado controles civiles externos como lo ordena la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).
La organización también consideró “muy alarmante” que la reforma implique la modificación del artículo 129 de la Constitución, el cual ha limitado las funciones militares en tiempos de paz desde 1857 y del artículo 21, que elimina la “garantía orgánica” que establece que las instituciones de seguridad pública deben tener un carácter civil.
El poder y las facultades de las Fuerzas Armadas se han incrementado durante el gobierno de López Obrador, con tareas que van desde la seguridad pública hasta la construcción de infraestructura, la administración de aduanas y puertos y la dirección de empresas estatales como el Tren Maya.
Legisladores de los partidos opositores Partido Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano (MC) han criticado la reforma, recordando que López Obrador y su partido, Movimiento Regeneración Nacional (Morena), se oponían a la militarización durante los gobiernos de Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018).
“Lo que queda claro es que el oficialismo finalmente se quitó la máscara. Quieren insistir en una estrategia fallida de militarización”, declaró Ricardo Anaya, senador y excandidato presidencial del PAN, en una conferencia de prensa.
