Por Gonzalo Martínez
El Pleno del Senado de la República declaró este viernes la constitucionalidad de la reforma al Poder Judicial. Durante la sesión, se informó que la reforma obtuvo el respaldo de 23 congresos estatales, superando los 17 necesarios.
“Le pido al público asistente ponerse de pie. Hoy es un día histórico, se ha hecho la reforma al Poder Judicial”, señaló Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva del Senado.
Se mencionó que los congresos que aprobaron la reforma fueron los de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y la Ciudad de México.
En esta sesión, solo estuvieron presentes legisladores del oficialismo, sin la participación de la oposición. Ahora, la reforma se enviará a la Cámara de Diputados, que sesionará este viernes.
El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el 15 de septiembre promulgará la reforma judicial, lo que permitirá que a partir de junio de 2025 los mexicanos elijan en las urnas a jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte, además de un nuevo Tribunal de Disciplina Judicial encargado de sancionar a los juzgadores por sentencias irregulares.
Trabajadores del Poder Judicial y opositores han advertido sobre una posible “dictadura” o “autocracia”, ya que la iniciativa permitiría al Ejecutivo proponer candidatos para todos los juzgados del país, quienes recibirían apoyo del oficialismo en sus campañas. Además, el Tribunal de Disciplina podría sancionar a jueces disidentes.
La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial (Jufed), que está en huelga desde el 21 de agosto, anunció que recurrirá a instancias internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para frenar la reforma aprobada esta semana.
Organismos como la ONU, Human Rights Watch, la Asociación Internacional de Abogados y socios comerciales de México, como Estados Unidos, también han expresado su preocupación por la posible interferencia del Ejecutivo y grupos de interés, como el crimen organizado, en las próximas elecciones de jueces.
