Por: Marta Casas.
Después de más de 20 años congelada en el Congreso del Estado, finalmente fue aprobada la nueva Ley Inmobiliaria de Durango, una legislación que busca regular la actividad de quienes se dedican a la compraventa y renta de viviendas, combatir el fraude y poner orden en un sector marcado por la informalidad.
En conferencia de prensa, la presidenta de AMPI Durango, Alicia Domínguez Seade, acompañada por el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Raúl Montelongo, el vicepresidente Fernando Molina y la presidenta regional de AMPI, Eunice Sánchez, destacaron que esta nueva legislación representa un parteaguas para el sector inmobiliario en la entidad.De acuerdo con Alicia Domínguez Seade, uno de los principales problemas que enfrenta Durango es la enorme cantidad de personas que comercializan propiedades sin certificaciones, registros ni preparación profesional, situación que ha abierto la puerta a abusos, fraudes y operaciones irregulares.
Explicó que actualmente existen apenas 25 agentes certificados y afiliados formalmente, frente a aproximadamente mil personas que venden casas o rentan inmuebles sin contar con permisos, acreditaciones o controles legales.La nueva ley establece que toda persona que quiera ejercer profesionalmente como asesor inmobiliario deberá contar con una credencial y registro avalados por la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado, además de cumplir con procesos de capacitación y certificación.
Fernando Molina explicó que la legislación también contempla mecanismos de vigilancia y posibles sanciones para quienes operen fuera de la legalidad, además de que la intención principal es proteger el patrimonio de las familias duranguenses.Indicó que en muchas ocasiones las operaciones inmobiliarias representan los ahorros de toda una vida, por lo que la falta de regulación generaba riesgos importantes para compradores y vendedores.
Añadió que para concretar operaciones de compraventa se requieren diversos trámites oficiales, por lo que la credencialización funcionará como una primera barrera para impedir prácticas ilegales y reducir los fraudes inmobiliarios que se han venido registrando desde hace varios años.Finalmente, los representantes del sector consideraron que esta legislación permitirá profesionalizar la actividad inmobiliaria, generar mayor confianza en el mercado y brindar mayor certeza jurídica a las inversiones en Durango.
